En intolerable servidumbre y hostilidad vivían los obispeños

Samuel L. Hurtado C.

El abuso de poder de algunos funcionarios o autoridades no es para nada nuevo en los anales de nuestra historia. Durante la Colonia fueron innumerables las denuncias que sobre esta materia se remitieron a la Real Audiencia de Santa Fe, órgano principal de la administración de justicia del virreinato de Nueva Granada, a la que pertenecía la jurisdicción de Barinas. Un hecho singular fue el ocurrido en la parroquia de San Nicolás de Obispos, cuyos vecinos estaban viviendo en una “intolerable servidumbre y hostilidad”, a causa de los excesos y abusos del teniente de oficiales reales y juez de comisos.

De acuerdo al expediente, localizado en el fondo “Poblaciones” del Archivo General de la Nación de Colombia, el gobernador de la provincia de Maracaibo, con el objeto de impedir el comercio ilícito por el río Apure, había designado a don Domingo Fernández de la Vega, como teniente de oficiales reales para el cobro de los “reales derechos” y juez de comisos de la parroquia de Obispos, dándole para esto “jurisdicción bastante, sin perjuicio de la ordinaria, por ser solamente para lo anexo concerniente y dependiente de sus comisiones”.

Don Domingo, al parecer, no escatimó esfuerzo en la tarea encargada, solo con la sutil diferencia, que en vez de evitar el comercio ilícito por los aguas del Apure, se había dedicado a fomentar el contrabando. Según testimonio de los vecinos, una vez que llegó a Obispos, remitió tabacos y otros frutos a dicho río, en donde “convertidos en piezas extranjeras” las vendió públicamente en perjuicio notable de aquel comercio y habiéndole decomisado una porción de ropas a un contrabandista, se las devolvió, luego que éste le dio una “porción de dinero y efectos de los ramos” confiscados. Igualmente, apuntaban los obispeños, que con el pretexto de “solicitar ropas de ilícito comercio”, Fernández de la Vega había procedido a allanar sus casas, pero al no encontrar ninguna evidencia, para “saciar su codicia” se llevaba cuanto encontraba, y permitía que los soldados que le acompañaban hicieran lo mismo, “destruyendo totalmente el vecindario”, sin que haya movido “su cruel condición, los clamores y lágrimas de los pobres, que a vista de lo

referido” les habían clamado, les expresara las causas que motivaba “tan injuriosas acciones contra la Ley Divina”.

No conforme con esto, obligó a los vecinos al pago de las alcabalas y demás derechos reales en dinero y antes de las fechas estipuladas, actuando en contra de los privilegios que gozaba aquel territorio de “pagar en los mismos efectos de la tierra”. En razón a ello, los comerciantes habían dejado de llevar y conducir los “efectos y víveres necesarios a aquella parroquia” al tal punto que ni de sal se hallaba “una onza por precio alguno”.

Por si fuera poco, aprovechando su investidura como juez, don Domingo Fernández de la Vega, había intentado en distintas oportunidades violar “la honestidad” de diversas mujeres casadas y de “honesta fama”, quien apresando a sus maridos o en los momentos de sus ausencias, pasaba a las casas de las consortes en horas de la noche, entrándose en sus propios lechos con el fin de procurar “violentarlas”.

Ante esta situación, los vecinos elevaron sus denuncias al tesorero de las Cajas Reales y al gobernador de Maracaibo, pero no recibieron respuesta alguna, pues, don Domingo era amigo de ambas autoridades, por lo que no era de extrañar que se impusiera por encima de las leyes el “tráfico de influencias”. No obstante, eran tal los atropellos, ultrajes, vilipendios y usurpaciones del referido teniente hacia los vecinos de Obispos, que sintiéndose que ya no podían “respirar”, juntos de “mancomún” procedieron el 31 de octubre de 1750 a expulsarlo de la parroquia, y elevaron en esa fecha, a través del abogado Antonio García, sus alegatos ante la Real Audiencia. Meses más tarde, el fiscal de causa en nombre del Virrey ordenó al gobernador de Maracaibo la remisión de los “autos” sobre el caso, quien de manera muy eficiente se los envío en diciembre de citado año cincuenta. La decisión final se desconoce, porque el expediente está incompleto, lo más probable es que se haya actuado en favor de los obispeños. hurtadosamuel@gmail.com